En poco menos de dos años los argentinos celebraremos el bicentenario como Nación con gobierno propio. La Presidente de la Nación se ha pronunciado a favor de la firma de un Pacto Social consensuado por todos y que incluya líneas de acción sobre cuestiones fundamentales y estratégicas.
Muchas grandes naciones han visto en su historia cambios radicales a partir de la consecución y puesta en marcha de un plan estratégico e integral. Argentina puede aprovechar en estas horas presentes todas las oportunidades que se asoman en el futuro próximo, pero si no se dan ciertas condiciones, el ansiado pacto social no será más que una vaga enumeración de deseos y de aspiraciones sin fuerza, destinado a quedar en el olvido como un hecho intrascendente. El éxito de un posible Pacto Social radica en el contenido y en la forma en que se suscriba.
Sobre el posible contenido
A continuación, me permito hacer mención de algunas cuestiones básicas que, desde mi humilde posición de ciudadano común, deberían tenerse en cuenta. De ninguna manera pretendo establecer una lista exhaustiva de las cuestiones a considerar; antes bien, sólo intento mencionar algunos puntos a título enunciativo.
En primer lugar, es imprescindible comprometerse a respetar lo que establece la Constitución Nacional, tanto la letra como el espíritu de sus artículos. Parece mentira que tengamos que hacer referencia a cuestiones básicas de nuestra organización como nación, pero será necesario revisar aspectos de nuestro actual federalismo y de la división real de poderes. Podemos citar ejemplos de las actuales distorsiones existentes, que en caso de perpetuarse en el tiempo, significarán un verdadero ultraje a los principios constitucionales. La existencia de una Ley de Emergencia económica que faculta al Poder Ejecutivo a decretar leyes impositivas significa un avance del Ejecutivo sobre el Congreso, con el agravante de que el Jefe de Gabinete dispone de una gran discrecionalidad para el manejo de extensas sumas de dinero: partidas que pueden manipularse arbitrariamente para la compra de voluntades en gobernadores y corporaciones de diversa índole. Aún está pendiente el dictado de una nueva Ley de Coparticipación Federal de Impuestos que garantice reglas claras en la distribución nacional de la recaudación entre las provincias. Sin esta ley, el federalismo adolece de una grave patología.
En relación a lo comentado en el párrafo anterior, quisiera manifestar mi impresión acerca de las posibles causas. Desde mi punto de vista, estas cuestiones responden a un esquema de poder ideado y puesto en marcha por nuestra dirigencia. La concentración de grandes recursos fiscales, la discrecionalidad en su aplicación y la informalidad con la que se obtienen dichos recursos responden a la actual ecuación de poder. Tengo la sensación de que muchos dirigentes temen un posible colapso institucional sin la existencia de un gran poder del gobierno central. Por ello asienten complacientes el actual estado de cosas. Creo que en el fondo, no es el estilo kirchnerista el culpable de esta situación, sino la forma en que los argentinos hemos permitido que se ejerza el poder. ¡Si tan sólo confiáramos en las instituciones establecidas por la Constitución, sus atribuciones y sus límites! ¡Si tan sólo cumpliéramos en sus prescripciones, no sería necesario el apuntalamiento del poder con herramientas artificiales! Pero al parecer, el poder sólo puede ejercerse comprando la voluntad de algunos gobiernos provinciales, de algunos aparatos políticos, de algunas corporaciones claves que le “regalen” al gobierno de turno la tranquilidad de permanecer estable…
El ansiado pacto social debería establecer un consenso por parte de todas las fuerzas políticas sobre el crecimiento y desarrollo económico del país. Si tan sólo se firma un acuerdo de congelamiento de precios y compromisos insostenibles en el tiempo se conducirá indefectiblemente al fracaso. De una vez por todas, deben despejarse los añejos dilemas que no contribuyen en absoluto a la construcción de un país en serio. Hay quienes todavía se esfuerzan en recordar el dilema del “campo versus la industria”, de la “patria productiva versus la patria financiera”, de “la economía dirigida versus el libre mercado”, etc. Es preciso abandonar las perspectivas obsoletas y darle una mirada real a la economía, perderle el miedo a la innovación y a la integración al mundo. Es indispensable que se reconozca la importancia de la actividad agropecuaria pero sin descuidar la industria; es indispensable que se reconozca la mutua dependencia del sistema productivo y del sistema financiero: uno no puede vivir sin el otro, tal como el sistema muscular depende del sistema sanguíneo en el cuerpo de una persona. Es necesario comprender que una economía totalmente dirigida no hace más que establecer reglas de juego distorsivas que pueden conducir a diferentes desequilibrios, pero sin ir al otro extremo de ausencia total de regulaciones prudentes que pongan límites a las fallas del mercado (monopolios, externalidades como la contaminación ambiental y la provisión de bienes públicos). Hoy por hoy, nuestra economía carece de un sistema de precios que asigne eficientemente los bienes y servicios. Un correcto sistema de precios es la virtud más preciada de una economía de mercado, ya que permite transmitir información importantísima acerca de qué producir y cómo hacerlo. Cuando este mecanismo se corrompe (ante la existencia de monopolios, de congelamiento de tarifas, de precios máximos, cuotas de producción, etc.) se producen inevitables desequilibrios. El congelamiento de precios o su excesiva regulación distorsiona la asignación eficiente de recursos, ignorando la escasez relativa de recursos. De esta forma se crea un mundo virtual en el que pareciera que hay ilimitada abundancia de recursos. La escasez se oculta hasta que estalla repentinamente cual volcán entrando en erupción. Por supuesto, las consecuencias son nefastas y todos quieren buscar responsables…
Es preciso establecer políticas macroeconómicas que sean sustentables en el largo plazo. Es inútil pretender que la economía crezca a tasas astronómicas si al mismo tiempo se generan condiciones de inestabilidad que conducen a caídas abruptas. Es preferible crecer a tasas más modestas pero sustentables en el tiempo. Los efectos a largo plazo son más contundentes y sólidos. Resulta indispensable revisar integralmente el actual sistema impositivo, ya que genera distorsiones e incentivos perversos, desalentando la actividad económica. Podemos nombrar al elevadísimo IVA que grava a bienes de consumo masivo, siendo totalmente regresivo; la tasa de impuesto a las ganancias aplicada sobre bases que no se han actualizado a pesar de la inflación; el llamado impuesto al cheque; las retenciones con alícuotas casi confiscatorias; entre otros.
El crecimiento y desarrollo económico requieren indispensablemente de un sistema financiero desarrollado. Esto es, un sistema bancario y un mercado de capitales eficiente y moderno, que pueda intermediar entre ahorristas y demandantes de crédito y que facilite el financiamiento de actividades de producción e inversión. El aumento del ahorro formal de la economía precisa de condiciones de estabilidad política y económica, como así también el respeto por la propiedad y las reglas de juego.
Por su lado, la atención al medio ambiente deber acentuarse cada vez más. El desarrollo económico no podrá venir sin la debida sustentabilidad ambiental y ecológica.
La agenda del pacto social no podrá obviar aspectos relacionados a la lucha contra la pobreza y el logro de igualdad de oportunidades para todos, con lo cual cuestiones sobre salud y educación han de ocupar un espacio privilegiado. Reivindicar el verdadero federalismo significará saldar deudas históricas con las provincias más discriminadas de nuestra historia: las provincias del noreste argentino, olvidadas y descuidadas por razones geopolíticas absurdas y las patagónicas, alejadas por la distancia y la falta de un sistema de transporte eficiente y conecte a nuestro extensísimo territorio. El desarrollo de las economías regionales y la integración de todas como un todo más armónico puede atenuar el grave macrocefalismo del que hemos padecido desde siempre. No podemos olvidar la deuda histórica con nuestros pueblos originarios, siempre marginados de todo proyecto como país…
Sobre las condiciones que sustenten el acuerdo
Si de verdad se aspira a un Pacto Social sólido y sustentable, se requiere la total adhesión de todas las fuerzas políticas. Necesitamos instalar el debate en un ambiento regido por el diálogo socrático, buscador de la verdad y no de los dueños de la verdad. Se necesita actores políticos y sociales con altura, que estén aptos para practicar el “politic compromise”, es decir, la habilidad de llegar a un consenso desde la pluralidad haciendo un renunciamiento al egoísmo y la intransigencia. Esto no debe entenderse como una traición a los principios de cada movimiento, sino más bien, la construcción de líneas de acción y un camino compartido por todos. Finalmente, me permito hacer una advertencia. Si la Presidente insiste en firmar un pacto improvisado que esté vacío de contenidos, que sólo sea suscripto por algunos sectores afines y consecuentes al gobierno (vía prevendas y privilegios particulares), estaremos frente a una empresa efímera que naufragará en el olvido y la insignificancia. En cambio, si se logra construir un consenso sólido y plural, integrador de todas las fuerzas políticas del país, y con un verdadero contenido estratégico, cual “Pacto de la Moncloa” de España, estaremos frente a una excelente oportunidad de comenzar una nueva era. Y podremos decir que la Presidente es una verdadera estadista. Aún estamos a tiempo de hacer las cosas bien… ¿O no?
